Roque Sevilla Larrea (Tomado de Diario El Comercio)
Hay pueblos que aceptan someterse a códigos estrictos de comportamiento que indican cómo vestirse, qué parte del cuerpo taparse, en qué dirección orar, cuándo inclinarse, lavarse las manos o terminar el ayuno.
Hay otros que no aceptan regulaciones a los actos del diario vivir y que confían en el libre discernimiento de cada persona, pero si concuerdan con estar sujetos a leyes que garanticen los derechos de todos los miembros de la comunidad sin por ello minar la libertad personal.
Los ecuatorianos pertenecemos a este segundo pueblo: amantes de las libertades, defensores del derecho a conocer la opinión ajena sin censuras, de emplear nuestro tiempo libre en cualquier actividad lícita, de comer y beber con moderación cuando nos parezca conveniente. Estamos de acuerdo que se controlen los excesos, pero no aceptamos que nos apliquen códigos de comportamiento ajenos a nuestra cultura y forma de ser.
Desde hace un tiempo acá, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha resuelto imponernos normas sobre lo que podemos saber, cuándo podemos beber y qué diversiones podemos tener.
En una curiosa decisión los ministros de Gobierno y Turismo prohibieron la venta de cualquier bebida alcohólica los domingos. También se prohibió ese día el consumo de licores en bares y restaurantes a partir de las 4 de la tarde. Adujeron que era para evitar el sicariato y la violencia. Resulta que los sicarios no beben antes de cumplir con su criminal atentado y que el domingo es el día de menor violencia de la semana. Yo me quedé con la duda de si la razón de la medida era un fanatismo religioso oculto o una simple y elemental tontera.
El Gobierno ahora ha resuelto someternos a una consulta popular con el objeto de censurar la opinión pública libre, prohibir los gallos, los toros y losjuegos de azar. Aparte de la barbaridad que significa hacer una consulta popular para regular temas que podrían ser materia de leyes y ordenanzas a ser discutidas por la Asamblea o los concejos municipales, esta acción sigue la misma ruta de imponerle al ciudadano lo que puede o no hacer en temas que afectan las libertades individuales más esenciales como la de informarse libremente y la de escoger la diversión en los tiempos de ocio.
¿Es correcta la intervención estatal para determinar si la opinión de un ciudadano puede o no ser conocida por otros? ¿Es correcto que dos centenarios espectáculos como las de los toros y los gallos, fundamento de las fiestas populares del Ecuador, sean prohibidos por el paternal Estado que resuelve por nosotros lo que es bueno o malo?
¡Yo me opondré totalmente a estas pretensiones con un rotundo no y estoy seguro que todos defenderemos nuestras libertades personales con argumentos insoslayables!
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